Envío del Dr. José Luis Petrocelli.
UN PASO MAS HACIA UN ESTADO PRECONSTITUCIONAL.
Por Ignacio Abel Uriburu.-24 - 07 - 2020.-
Una dimensión social fallida ¿Cuál es el fundamento de la "Justicia" en el marco de un Estado incapaz de garantizar la seguridad ciudadana?
Días pasados en el congo urbano que es el área metropolitana de la provincia de Buenos Aires el Sr. Jorge Adolfo Rios (71), fue víctima de tres agresiones sucesivas en una misma noche. Robado en su hogar, herido en el brazo y torturado con un destornillador, en inferioridad de condiciones física y numérica (1 a 5), logró tomar un arma de defensa y repeler la agresión con el resultado de la baja de alias "Piolo" (Franco Moreyra de 26) miembro conspicuo de la inequívoca asociación ilícita que es la barra brava del club Quilmes.
El fiscal distrital lo acusa de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego por haber ultimado a Moreyra en la vía pública cuando, en su particular y errado modo de ver las cosas, éste ya no representaba un peligro en la acción continuada iniciada en el interior de la vivienda.
La discusión en los medios discurre entre el exceso en la legítima defensa, cuál es la protección real que brinda el Estado y los límites del ciudadano en el contexto de la inseguridad generalizada que padecemos.
Para la gente común se trató de un caso más con un final distinto pues lo habitual es el asesinato de la víctima y no la baja del victimario.
Para analizar el caso debemos partir de la contemplación de la víctima quien declaró "yo no nací para asesinar a nadie. No soy un delincuente..". Considero que le asiste la razón de un modo íntegro y sin ninguna fisura argumental.
Una segunda variable variable de análisis son las incomprensiblemente toleradas expresiones de solidaridad territorial con el caco ultimado. Lo despidieron como a un héroe, llevándolo de su casa al estadio del club Quilmes y de allí al cementerio de Ezpeleta en un macabro cortejo fúnebre con expresiones y promesas de venganza.
La tercera está dada por la actitud de un fiscal que no distingue entre víctima y victimario tratando de guardar distancia para que no se le vayan encima los deudos, los cómplices de la barra brava del club cervecero o una ciudadanía cada vez menos permeable a tolerar la inseguridad y a olvidar el asesinato de ayer por el de hoy a la mañana.
Creo que la acción de Jorge Ríos sirvió como catalizador de una muy demorada discusión politica, juridica y social sobre la relación entre la delincuencia, la política y la justicia, el abandono de la sociedad y cuál es el fundamento para que la justicia pretenda conocer y juzgar con rasgos de verdadera justicia las situaciones que de dan en el marco de la inseguridad.
Desde el plano político los padres fundadores de la institucionalidad dieron a la constitución de 1853 la función de ser el punto de apoyo de toda la regulación legal y fijaron entre sus principales fines afianzar la justicia como el medio propicio para el relacionamiento entre los ciudadanos y de éstos con el poder público. El uso de la fuerza le fue delegada al Estado con carácter monopólico con la misión de pacificar el interior de la república, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para todos los ciudadanos. Así pues, un deber básico de los gobernantes y de los programas de gobierno es realizar acciones orientadas a estos fines.
Sucede que desde hace cuatro décadas no es así por causa de una ideología que volvió al pueblo de soberano a contribuyente de cuotas de sangre en las estrategias de sometimiento y control.
El ciudadano no tiene los mismos derechos que el delincuente y mucho menos la mirada de una justicia que esté dispuesta a expresar públicamente el drama que lo aqueja, que seria tanto como reconocer la causa de su inutilidad e incompetencia para cumplir su cometido institucional. Como si se tratara de un plato volador y no de un antecedente del delito padecido por el Sr. Ríos se debe destacar que uno de los cómplices de Moreyra habría sido liberado con la excusa del Covid-19, bajo el impulso del CELS de Horacio Verbitzky y el silencio cómplices de los funcionarios del gobierno nacional y provincial. Verbitzky es nada más y nada menos que el mentor intelectual del razonamiento de gestión de la ministra de seguridad Sabrina Frederick.
El monopolio de la fuerza, bajo su gestión no lo ejerce el Estado sino que lo detentan las bandas de delincuentes. El Estado ha abandonado las calles y librado la ciudadanía a su suerte. El ministro Berni sobreactua una gestión de "control de la calle" que no es real para terminar pidiendo la ayuda de Gendarmeria y Prefectura que les son negadas. Lo real es que la Policía Bonaerense carece de liderazgo y las calles son cuevas de lobos con manadas de delincuentes al acecho para todo tipo de delitos desde los ataques a la propiedad individual (robos, usurpaciones, etc.), y otros más complejos como la piratería del asfalto, drogas, trata de blancas, etc.
El caso de Moreyra se da en el contexto de la inocultable relación entre las mafias de la droga con las barras bravas del fútbol, la política y vínculos con la justicia de la provincia. El control de la calle por la delincuencia sirve al delivery y logística de transporte de todo tipo de sustancias, la instalación de cocinas, sometimiento de la sociedad. Hace muchos años un alto funcionario del principal municipio del norte bonaerense me manifestaba su preocupación por una delincuencia organizada que había logrado reemplazar al Estado en la iniciativa de las acciones de ayuda social. Los punteros de la droga pagan los gastos extraordinarios de las familias consiguiendo con ello la omertad de los segmentos sociales más vulnerables.
De parte de la justicia y sus operadores puede que exista alguna voluntad de colaborar pero muy lejos está de involucrarse en el problema y tomar partido decidido por la institucionalidad, haciendo lo que haya que hacer para que las calles estén bajo el imperio de la ley, con la presencia de una autoridad policial respaldada y no utilizada como variable de ajuste, y la ciudadanía sea distinguida con la clara línea de la legalidad. Los jueces tienen la obligación moral de defender a los ciudadanos de bien, de velar por la vigencia de la ley y de convocar a los funcionarios y actores políticos a cumplir sus cometidos básicos.
Sin garantía de estos supuestos ningún juzgamiento tendrá rasgos de justicia ni va a ser convalidado por un jurado.
Termino. Moreyra sólo dejaría de ser un riesgo real para Jorge Ríos luego de muerto. Él no lo asesinó porque no es un delincuente. Lo mató un Estado ausente, vaciado de contenido.
Hasta tanto suceda esto morirán las víctimas o lo harán los victimarios. Esa es la única regla válida en un mundo librado a la fuerza.
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