INFANCIA EN DEUDA. DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ
LA DEFENSORÍA DEL NIÑO EMPIEZA A TRABAJAR Y A CUMPLIR CON SUS COMPROMISOS
A un mes y medio de la ratificación de los cargos para la Defensoría nacional de Niñas, Niños y Adolescentes, el Poder Ejecutivo amplió el presupuesto para el área, que en 2020 -en medio de una crisis sanitaria y económica que afecta también a la infancia- contará con 94.348.566 pesos.
La Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes fue creada a partir de la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de 2005, aunque debieron pasar más de 14 años hasta que el Congreso definiera los cargos tras un concurso público.
Marisa Graham, Juan Facundo Hernández y Fabián Repetto fueron designados Defensora y Defensores Adjuntos, y tienen a su cargo proteger y visibilizar las problemáticas de los niños y priorizar sus derechos en la agenda de políticas públicas.
El proceso de designación de cargos para la Defensoría motivó un amplio acuerdo de ONGs, especialistas y referentes que en 2017 quedaron plasmadas en el Compromiso por la Defensa de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del país.
Al tratarse de una institución nueva, era muy importante contar con la firma de todos/as los/as candidatos/as. Graham, Repetto y Hernández se comprometieron a exigir el cumplimiento de las leyes que garantizan el ejercicio de los derechos de la infancia y la adolescencia.
Convinieron, así, priorizar:
▪️El conocimiento profundo de la situación de la infancia y la adolescencia en relación con el cumplimiento de sus derechos, analizando y supervisando las políticas públicas involucradas.
▪️La difusión de información precisa y actualizada sobre la vigencia de los derechos de la infancia y adolescencia, incorporando la perspectiva de género y diversidad, contemplando las situaciones de pobreza, discapacidad y/o pertenencia a comunidades especialmente expuestas a situaciones de vulnerabilidad.
▪️La intervención en el desarrollo de protocolos de actuación que conduzcan a promover la exigibilidad de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
▪️El cumplimiento de las funciones que le asigna la ley, trabajando activamente en la determinación de las problemáticas vigentes, el diálogo con actores involucrados, la realización de las acciones administrativas y judiciales pertinentes para asegurar a niñas, niños y adolescentes el efectivo goce de sus derechos, en todo el territorio nacional.
▪️El registro y la documentación de las violaciones a los derechos de la infancia y adolescencia, que lleguen a su conocimiento, generando mecanismos que garanticen la transparencia de sus intervenciones.
▪️El conocimiento profundo de la situación de la infancia y la adolescencia en relación con el cumplimiento de sus derechos, analizando y supervisando las políticas públicas involucradas.
▪️La difusión de información precisa y actualizada sobre la vigencia de los derechos de la infancia y adolescencia, incorporando la perspectiva de género y diversidad, contemplando las situaciones de pobreza, discapacidad y/o pertenencia a comunidades especialmente expuestas a situaciones de vulnerabilidad.
▪️La intervención en el desarrollo de protocolos de actuación que conduzcan a promover la exigibilidad de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
▪️El cumplimiento de las funciones que le asigna la ley, trabajando activamente en la determinación de las problemáticas vigentes, el diálogo con actores involucrados, la realización de las acciones administrativas y judiciales pertinentes para asegurar a niñas, niños y adolescentes el efectivo goce de sus derechos, en todo el territorio nacional.
▪️El registro y la documentación de las violaciones a los derechos de la infancia y adolescencia, que lleguen a su conocimiento, generando mecanismos que garanticen la transparencia de sus intervenciones.
En ese mismo texto, se comprometieron a dar tratamiento “urgente” a:
▪️Promover la producción de información estadística adecuada, especialmente en materia de pobreza (que deberá considerarse con mediciones multidimensionales) y sobre las diferentes formas de violencia.
▪️Exigir un debate profundo sobre la necesidad de una ley penal juvenil, que incluye la participación de las voces de la infancia y la adolescencia.
▪️Cumplir sus funciones a nivel federal, promoviendo la conformación y el fortalecimiento de los sistemas de protección de derechos a nivel local para reducir las inequidades que se presentan en la garantía de derechos en los diferentes puntos del país.
▪️Supervisar la implementación de políticas activas de primera infancia que incluyan la disponibilidad de jardines maternales y centros de primera infancia de cobertura nacional.
▪️Impulsar acciones para asegurar la universalidad y equidad del régimen de asignaciones familiares.
▪️Además de garantizar el derecho a la alimentación y la salud en la infancia, impulsar y monitorear la realización de la encuesta nacional nutricional y exigir una política nutricional adecuada a esos resultados.
▪️Llevar adelante acciones que garanticen a la totalidad de los niños y niñas el derecho a la educación en condiciones equitativas.
▪️Promover medidas tendientes a asegurar que los medios de comunicación cumplan con sus obligaciones de preservar la identidad y los datos personales de niños y niñas, y promuevan un tratamiento no estigmatizante de niñas, niños y adolescentes.
▪️Garantizar el cumplimiento del artículo 5 de la Ley 26.061 que exige absoluta prioridad para la atención y la asignación de recursos destinados a las políticas públicas de infancia.
▪️Exigir la eficiencia presupuestaria y la intangibilidad de los recursos, denunciar sub-ejecuciones y reasignaciones conforme el art. 72.
▪️Promover acciones que aseguren el acceso a la justicia y servicios adecuados de contención y acompañamiento para niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia así como garantizar que aquellos/as que se encuentren bajo protección del Estado tengan una transición gradual y acompañada del sistema de cuidados alternativos a la vida adulta a fin de garantizar su plena inclusión social.
▪️Promover la producción de información estadística adecuada, especialmente en materia de pobreza (que deberá considerarse con mediciones multidimensionales) y sobre las diferentes formas de violencia.
▪️Exigir un debate profundo sobre la necesidad de una ley penal juvenil, que incluye la participación de las voces de la infancia y la adolescencia.
▪️Cumplir sus funciones a nivel federal, promoviendo la conformación y el fortalecimiento de los sistemas de protección de derechos a nivel local para reducir las inequidades que se presentan en la garantía de derechos en los diferentes puntos del país.
▪️Supervisar la implementación de políticas activas de primera infancia que incluyan la disponibilidad de jardines maternales y centros de primera infancia de cobertura nacional.
▪️Impulsar acciones para asegurar la universalidad y equidad del régimen de asignaciones familiares.
▪️Además de garantizar el derecho a la alimentación y la salud en la infancia, impulsar y monitorear la realización de la encuesta nacional nutricional y exigir una política nutricional adecuada a esos resultados.
▪️Llevar adelante acciones que garanticen a la totalidad de los niños y niñas el derecho a la educación en condiciones equitativas.
▪️Promover medidas tendientes a asegurar que los medios de comunicación cumplan con sus obligaciones de preservar la identidad y los datos personales de niños y niñas, y promuevan un tratamiento no estigmatizante de niñas, niños y adolescentes.
▪️Garantizar el cumplimiento del artículo 5 de la Ley 26.061 que exige absoluta prioridad para la atención y la asignación de recursos destinados a las políticas públicas de infancia.
▪️Exigir la eficiencia presupuestaria y la intangibilidad de los recursos, denunciar sub-ejecuciones y reasignaciones conforme el art. 72.
▪️Promover acciones que aseguren el acceso a la justicia y servicios adecuados de contención y acompañamiento para niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia así como garantizar que aquellos/as que se encuentren bajo protección del Estado tengan una transición gradual y acompañada del sistema de cuidados alternativos a la vida adulta a fin de garantizar su plena inclusión social.
La decisión del Ejecutivo de incrementar la partida presupuestaria para la Defensoría, anunciada hace unas semanas en el Boletín Oficial, resulta entonces fundamental para "afrontar necesidades específicas correspondientes al Programa de Defensa de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes".
Es, en definitiva, un respaldo al trabajo que los integrantes de la Defensoría se comprometieron realizar para que niñas, niños y adolescentes vivan en un país en el que sus derechos se cumplan.
Es, en definitiva, un respaldo al trabajo que los integrantes de la Defensoría se comprometieron realizar para que niñas, niños y adolescentes vivan en un país en el que sus derechos se cumplan.
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